Presidente Gabriel Boric Font presenta Proyecto de Ley “Regiones Más Fuertes”

El proyecto de ley de “Regiones Más Fuertes”, habilitará a las regiones para que tomen más decisiones y de forma más directa sobre sus propios recursos. De convertirse en ley, el proyecto generará nuevas fuentes de ingresos propios para las regiones. Este es el proyecto de ley más significativo en descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia.

En el marco de su visita a la Región de Puerto Montt, y junto a los Gobernadores Patricio Vallespín y Ricardo Díaz, entre otras autoridades, el primer mandatario dio a conocer uno de los proyectos comprometidos con los Gobernadores Regionales.

Regiones Más Fuertes busca fortalecer la institucionalidad fiscal de los Gobiernos Regionales porque de esta manera se contribuye a acercar la democracia a las regiones y, por lo tanto, a las personas que las habitan. Esto permite que la gente sea mejor representada por las decisiones que toman las autoridades. Así, al facultar a los Gobiernos Regionales a decidir cómo usan los recursos, según las necesidades y realidades de las regiones, también se podrá reconocer de mejor manera la heterogeneidad que hay a lo largo del país.

Con esta iniciativa se reducirán las consultas, permisos, visaciones del nivel central, de tal modo de que las obras y los programas de los Gobiernos Regionales se ejecutarán con más agilidad respondiendo directamente a las decisiones locales.

Con esta iniciativa el Gobierno del Presidente Gabriel Boric va más allá de lo prometido inicialmente. En agosto de 2022, se comprometió una Ley de Rentas Regionales que apuntaba sólo a fortalecer las fuentes de ingreso de los Gobiernos Gegionales, pero con este proyecto se avanza, también, en darles mayor autonomía financiera, flexibilidad en el uso de los recursos públicos y elevar los estándares de transparencia y probidad. La presentación de este Proyecto de Ley es parte del acuerdo suscrito por el Gobierno y los Gobernadores Gegionales en enero del 2023.

Se busca un sistema de financiamiento regional simple, eficiente y equitativo, con una distribución de recursos transparente y no sujeto al Gobierno Central en la definición de las prioridades de cada región. El proyecto permitirá a las regiones diseñar mecanismos para generar determinados ingresos propios a futuro. Adicionalmente, se mejoran la asignación y distribución de las fuentes de ingreso actuales vinculadas con las patentes y derechos, como los impuestos a casinos o patentes mineras.

Se modifica el actual Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos regionales, incorporando mejoras en los criterios de distribución de los recursos. Esto permitirá una simplificación en su asignación y le dará mayores facultades a los GOREs para decidir el destino de los recursos. El Gobierno busca que todas las regiones avancen hacia el desarrollo y un mayor bienestar de manera más equitativa. Por eso se crea un nuevo Fondo permanente de Equidad Interregional enfocado en reducir las brechas, actuales y futuras, que se producen entre las regiones por la realidad que tiene cada una.

Hoy, la ciudadanía demanda mayor información a las instituciones y autoridades sobre cómo usan los recursos públicos. Por eso, con este proyecto se mejorarán los mecanismos de transparencia fiscal y de rendición de cuentas de los Gobiernos Regionales. El proyecto asegurará que los recursos regionales se gestionen respondiendo a necesidades locales y con la máxima transparencia e integridad.

Hoy Chile está entre los países más centralizados de la OCDE lo que se refleja en múltiples brechas según varios indicadores internacionales. El proyecto de ley, en conjunto con otras medidas impulsadas por el Gobierno como el proyecto del Royalty, permitirán reducir drásticamente estas brechas acercando a Chile al promedio de la OCDE.

Mejorar la productividad es una prioridad para el Gobierno. Con este proyecto de ley se fortalecen y refuerzan los mecanismos de coordinación de la inversión pública regional, lo que hace que la toma de decisiones sea más efectiva, y en consecuencia se mejora la eficiencia del Estado. La descentralización y el acercar las decisiones a las comunidades permite mejorar las decisiones de inversión, porque es la institucionalidad regional la que está más capacitada y al tanto para identificar instancias de desarrollo y productividad regional.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ENTENDER EL PROYECTO DE LEY

¿Cuándo ingresa el proyecto de ley al Congreso?

En mayo.

¿Cuáles serán los principales beneficios que tendrá este proyecto para las regiones

y las personas?

Los Gobiernos Regionales (GOREs) son los que mejor saben cuáles son las necesidades y

prioridades de sus propios territorios, y el proyecto de ley los empodera en ese rol,

acercando de esta manera las decisiones a las comunidades. Con el nuevo marco

institucional, las autoridades regionales van a tener más injerencia en cómo distribuir y

asignar los recursos en función de sus urgencias. En este nuevo contexto, el proyecto de ley entrega herramientas de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades, para hacer responsables a sus respectivas autoridades territoriales sobre cómo usan sus recursos fiscales.  Asimismo, el proyecto contempla instancias y herramientas para mejorar la articulación de la inversión pública entre organismos regionales, municipales y servicios públicos, lo que permitirá trabajar en pos de entornos más seguros y de mayor bienestar, a través de la construcción de hospitales, carreteras, luminarias, por dar algunos ejemplos.

¿Cómo va a beneficiar este proyecto a las distintas regiones, considerando las

diferencias entre ellas?

Justamente porque las regiones son distintas, el proyecto de ley va a potenciar el que sea

cada región la que identifique la inversión necesaria, los problemas que atender, y a partir

de eso destinar recursos y desplegar las medidas presupuestarias necesarias para enfrentarlo.

¿Cambiará la forma en que los parlamentarios analizan el presupuesto de las

regiones?

La descentralización fiscal es un objetivo transversal a nivel político, y con este proyecto de ley las regiones que las y los parlamentarios representan ganan facultades y flexibilidad presupuestaria y financiera. Si bien en el futuro el Congreso tendrá otro rol, todavía será su responsabilidad determinar el monto global de los recursos que se asignan a cada región. En la práctica, gracias a que el debate se trasladará a los territorios y ahí se profundizará, las regiones se beneficiarán al poder definir localmente cómo se asignan sus recursos.

¿Los Gobiernos Regionales podrán crear o aumentar los impuestos en sus regiones?

En Chile sólo se pueden crear nuevos impuestos por ley, y este proyecto no innova en ese

sentido: no habilita a los GOREs a establecer nuevos impuestos por cuenta propia y tampoco aumentar los actuales.

Si no se crearán nuevos impuestos ¿cómo se pretende aumentar los ingresos de

las regiones?

El proyecto de ley pone a disposición de los GOREs un conjunto de herramientas, que pueden usar en la medida que consideren pertinente, según sus urgencias y prioridades.

Por un lado, habilita a los GOREs a establecer derechos regionales, permisos y otros mecanismos asociados a sus facultades actuales, por ejemplo, para concesiones de bienes

nacionales de uso público, mientras la ley haya entregado su administración y de acuerdo a un procedimiento detallado en la ley. Además, se modifican leyes específicas sobre la asignación y distribución de fuentes de ingresos actuales, siendo algunas las vinculadas a patentes de casinos de juegos, de acuicultura, de geotermia, de patentes mineras y del código de aguas. También se hacen modificaciones al régimen actual de fondos con que se realizan las transferencias desde el Gobierno Central, lo que les va a permitir a los GORE contar con mayores recursos. A estos se sumará lo que reciban las regiones gracias al Royalty, que actualmente se discute en el Congreso, entre otros cambios.

¿Cuáles son las estimaciones de mayor recaudación fiscal que tendría el proyecto? Un rango mínimo y uno máximo.

Este no es el objetivo del proyecto de ley. El foco es modernizar y transformar el marco institucional actual en uno que entregue más facultades y flexibilidad presupuestaria y financiera a las regiones. Esto, entregándoles herramientas para generar sus propios ingresos y disminuir las brechas que hay entre ellas, pero resguardando la sostenibilidad y

responsabilidad fiscal. Por ello, el foco no está en un objetivo de recaudación, sino en un cambio en la forma en que se entiende la estructura de gastos, ingresos y rendición de cuentas de las regiones. Lo que se busca es que las discusiones sobre las nuevas fuentes de ingresos ocurran en las regiones y no desde el Gobierno Central. Esta no es una política tributaria con destinación regional, sino una iniciativa de descentralización fiscal.

¿Cómo se manifestarán las mayores facultades presupuestarias de los Gobiernos

Regionales respecto del Gobierno Central? Ejemplos concretos.

Por el lado de los ingresos, los GOREs van a estar habilitados a establecer derechos, por

ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones. Estos serían nuevos ingresos que recibirán directamente al presupuesto regional. Por el lado del gasto, actualmente los GOREs deben acordar con la Dirección de Presupuestos cómo distribuir y asignar sus recursos, similar a lo que hacen los servicios públicos que dependen directamente del Gobierno Central. Con el proyecto de ley cambiará esta lógica: los Gobiernos Regionales podrán hacer una propuesta de presupuesto que la DIPRES visará, cumpliendo con los estándares definidos en la ley.

¿Estarán definidos de forma detallada los criterios del gasto de los Gobiernos

Regionales o habrá espacio para gastos de libre disposición?

El proyecto de ley entrega a los Gobiernos Regionales más facultades para definir las prioridades de gasto, y señala que los criterios específicos para la distribución que haga cada GORE se definirán en un reglamento. Esto va a generar un espacio para gastos de libre disposición, que será fiscalizado por la Contraloría, tal como ocurre actualmente.

¿Podrán los Gobiernos Regionales destinar parte de los mayores recursos a financiar la prevención de seguridad ciudadana?

El proyecto de ley le entregará a los GOREs más herramientas para coordinar la inversión regional, en conjunto con los municipios y servicios públicos. A partir de esta nueva institucionalidad, podrán poner el foco en áreas y proyectos que, por ejemplo, permitan vivir en entornos más seguros, más conectados y con mejor acceso a servicios.

¿Seguirá entregando el Gobierno Central recursos a los Gobiernos Regionales?

Con el proyecto de ley se entregan herramientas para generar más ingresos propios, pero

los GOREs seguirán recibiendo recursos y transferencias de parte del Gobierno Central. En lo que sí hay cambios es en la composición de los fondos administrados a nivel central,

que actualmente representan cerca del 70% de los ingresos de los Gobiernos Regionales. Por ejemplo, uno de los principales cambios se aplicará al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para el que habrá nuevos criterios de distribución definidos en un reglamento.

¿Cómo se resguardará el mejor uso de los recursos públicos cuando se entrega mayor autonomía a las regiones?

El proyecto de ley entrega mayores facultades tanto financieras como presupuestarias a los GOREs, pero también consagra un conjunto de herramientas para prevenir y enfrentar situaciones que podrían atentar contra la probidad del gasto público regional. Uno de los ejemplos más evidentes es que atentar gravemente contra las finanzas públicas regionales

podría llevar incluso a la destitución del Gobernador Regional.

Pero parte importante de las medidas son de naturaleza proactiva: se exige a los GOREs

incluir en su cuenta pública anual el estado de las finanzas regionales, así como a contar

con auditorías externas para posibilitar una fiscalización y control de parte de las otras autoridades y de la comunidad. Además, se le otorgan más atribuciones al Consejo Regional para fiscalizar sobre el uso de los recursos públicos.

¿Qué países desarrollados están mirando como referentes para avanzar en esto y

cómo ha sido su experiencia?

Las experiencias exitosas de descentralización fiscal varían entre países, pero el proyecto de ley toma como referencia las recomendaciones y buenas prácticas recopiladas por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas décadas. Algunas atingentes a la situación actual de Chile son aumentar el gasto de los Gobiernos Subnacionales y establecer un régimen claro de las responsabilidades asignadas a los diferentes niveles de gobierno. También han dado buenos resultados las acciones para fortalecer las facultades fiscales subnacionales para mejorar la rendición de cuentas, habilitar a los Gobiernos Subnacionales para generar ingresos propios más allá de las transferencias y desarrollar otras fuentes de ingresos para tener una canasta equilibrada de ingresos. Promover el control ciudadano es importante, y las reglas fiscales regionales son otro ejemplo de buena práctica internacional, ya que permiten garantizar la disciplina y la sostenibilidad fiscal.

El diseño del proyecto de ley se ha llevado a cabo considerando también informes y asesorías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Junto con analizar las mejores experiencias internacionales, también se analizaron casos de países que tuvieron problemas financieros en procesos de descentralización fiscal, para evitar cometer esos errores.

¿Tienen contemplado cambiar los mecanismos para los fondos regionales para que

exista una mejor distribución de los recursos?

El proyecto de ley modifica la composición de algunos de los fondos actuales, siendo claves los cambios al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la principal fuente de

financiamiento actual de los GOREs. ¿En qué consisten estos cambios? Se mejoran los

criterios de distribución de recursos y se dan más facultades a los GOREs para decidir el

destino de estos recursos. Además, se creará de manera permanente el Fondo de Equidad Interregional -ya presente en las leyes de Presupuesto 2022 y 2023- enfocado en reducir las brechas, actuales y futuras, que se producen entre las regiones por las particularidades de cada una.

Otra innovación es que se permitirá a los GOREs destinar porcentajes de estos recursos a

emergencias, y se fijarán nuevos criterios de coordinación entre los demás fondos vigentes.

¿Cómo se relaciona este proyecto con el Royalty a la minería que busca entregar

más recursos a las regiones?

Dentro de los objetivos de este proyecto está el mejorar la arquitectura fiscal de los Gobiernos Regionales para entregarles más facultades presupuestarias junto con mejores mecanismos de control de forma tal que los recursos que puedan llegarles a través de otras iniciativas como el Royalty, se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales, dentro de un marco general que resguarda el debido uso de los recursos públicos.

¿Cómo se alcanza mayor flexibilidad y facultades presupuestarias propias de los GOREs?

Hoy los GOREs están regulados por el DL 1263 que determina la regulación financiera y presupuestaria de los organismos y servicios públicos respecto de los cuales el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de presupuestos, se encarga de proponer la asignación de los recursos financieros para los servicios, además de orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Este proyecto de ley genera un régimen financiero especial distinto del DL 1263 que les dará mayores facultades y flexibilidad financiera y presupuestaria respecto de lo que actualmente pueden realizar. Esto les dará a las regiones una responsabilidad de decidir sobre el destino de sus recursos como no han tenido anteriormente.

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