Gobernadores Regionales exigen sancionar a responsables del blackout 

  • Servicio domiciliario, transporte y telecomunicaciones fueron solo algunos de los impactos del masivo corte de luz. Las autoridades regionales demandan explicaciones sobre la crisis, además, de un protocolo robusto para enfrentar este tipo de emergencias por parte de las empresas.

El corte masivo de energía del pasado martes 25 de febrero, que dejó a más de 8 millones de hogares sin luz, afectando a 14 de las 16 regiones, plantea desafíos importantes para el país. Ante esta situación, las autoridades regionales, reunidas en la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI), expresaron su molestia y preocupación por la magnitud de la crisis.

Para el presidente de AGORECHI, Pablo Silva Amaya, gobernador regional de O’Higgins, este tipo de emergencias “son inaceptables porque dan cuenta de que existe un plan incompleto asociado al mantenimiento y reconexión del sistema. En estricto rigor, el sistema debió contar con un suplemento eléctrico que abasteciera la red nacional mientras se reparaba la falla de origen, pero al parecer, nada de esto sucedió. Esta es la peor falla eléctrica en la historia de nuestro país y debemos actuar de forma estricta y oportuna para que no vuelva a ocurrir”. 

Ante la magnitud de esta emergencia, Pablo Silva Amaya, plantea la necesidad de que se revisen también los planes “B” de estas empresas por equipos técnicos externos, dado que a juicio de la primera autoridad regional “no podemos volver a pasar por algo así. Lo más importante son las personas, sobre todo aquellas que tienen una condición de salud compleja. No podemos permitir que se exponga a nuestra comunidad a la falta de seguridad, falta de transporte, falta de servicio básicos como el agua en Antofagasta o internet en otras regiones y mucho menos, a que personas pierdan la vida por un corte de luz que es perfectamente prevenible”, sentenció el gobernador de O’Higgins. 

Por su parte, el vicepresidente de AGORECHI, gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, sostuvo que las 15 comunas de la región  reaccionaron de buena manera frente a la emergencia, como también la rápida constitución del Cogrig a nivel regional. Sin embargo, “la situación ocurrido nos coloca  a todos en alerta, como también nos presenta desafíos porque se dieron situaciones como que pasaran más de tres horas sin reposición de servicio, algo que no veíamos hace mucho tiempo y eso da cuenta de que el servicio es muy vulnerable, por lo tanto, nosotros como Gobierno Regional vamos a apoyar todas las medidas que requiera el sistema para mejorarlo como también buscar las responsabilidades de un hecho que no se puede volver a repetir”, indicó la máxima autoridad regional.

Para el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, “el blackout que vivimos a nivel nacional y, sobre todo, en todas las regiones es materia de investigación. El Estado y el Gobierno tienen que profundizar y llegar a los responsables. No puede ser que nuestro país sea tan vulnerable ante este tipo de situaciones, la emergencia pudo haber sido peor y pudo haber durado más tiempo y es por esa razón que la justicia se tiene que hacer presente”. 

En tanto, el presidente de AGORECHI, Pablo Silva Amaya, afirmó que “este apagón no puede resultar gratuito para los responsables. Como gobernadores regionales exigimos que se sancionen a las empresas involucradas. Sabemos que hay una investigación y pedimos que se aplique mano dura, primero por la falla eléctrica y luego por la lentitud en la reconexión de electricidad en las 14 regiones afectadas. Y por supuesto, no olvidar que los consumidores deben ser compensados por las consecuencias de un sistema privado que es pagado, pero que no estuvo a la altura de las circunstancias”. 

Finalmente, el gobernador Silva Amaya, plantea que también se debe revisar el rol de los gobernadores regionales en los Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Congrid), ya que en la actualidad no tienen facultades. 

“Las crisis deben ser tomadas como oportunidad para mejorar nuestra reacción como instituciones del Estado y por lo mismo se debería repensar el rol de los Gobiernos Regionales en las instancias de emergencias, dado que en muchas situaciones los GORES pueden tener respuestas más tempranas para cooperar y apoyar a las personas”, concluyó.

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CRISTÓBAL JULIÁ DE LA VEGA

Padre, profesional y político, su pasión por la región de Coquimbo es profunda y está arraigada en su historia personal. Nacido y criado en Ovalle, en una familia dedicada al trabajo y la producción agrícola del valle del Limarí, aprendió desde joven el valor del esfuerzo, la resiliencia y la conexión con su entorno. La experiencia de enfrentar las incertidumbres climáticas y su impacto en la vida diaria lo llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso, con la convicción de contribuir al conocimiento y enfrentar los desafíos propios de su región.

Con 17 años de servicio en la región de Coquimbo, ha dedicado su vida profesional a identificar y potenciar las oportunidades de su territorio. Su paso por el Centro Científico CEAZA, sumado a su experiencia como emprendedor, le permitió abordar diversas problemáticas con compromiso y creatividad, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el ámbito público, desempeñó funciones claves en la Dirección Regional de Aguas, en la Seremi de Minería de la región de Coquimbo y en INDAP, donde jugó un papel crucial en el respaldo a la agricultura familiar campesina, especialmente en el contexto de la grave crisis hídrica que afecta a la región. Su trayectoria profesional ha consolidado su visión sobre la importancia del diálogo, la colaboración y la transparencia en una gestión pública efectiva.

Convencido de que la descentralización es clave para el desarrollo regional, cree firmemente en la participación activa de la ciudadanía como base para construir un futuro más equitativo y próspero. Su principal motivación sigue siendo servir a las personas por medio de un trabajo conjunto y transversal que permita el desarrollo de la región de Coquimbo.

RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA

Gobernador Regional de La Araucanía, es abogado titulado en la Universidad de Chile. Desde sus inicios académicos, cursó sus estudios básicos y secundarios en el Instituto Mercedario de la ciudad de Victoria, finalizándolos en la Escuela Industrial de Temuco. Su interés por la política se manifestó a temprana edad, convirtiéndose en dirigente de los estudiantes secundarios de Temuco, asumiendo roles de liderazgo como presidente de las Juventudes DC y luego como presidente regional y provincial de dicho partido. Durante la dictadura militar, presidió la Alianza Democrática, donde se destacó por su firme compromiso en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Su formación profesional continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1982 y se tituló como abogado en 1983. Durante la misma década, René Saffirio se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos, desempeñándose como abogado en la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Temuco. Su compromiso con la justicia social lo llevó a ocupar el cargo de Seremi de Justicia en La Araucanía entre 1990 y 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin Azócar.

A lo largo de su carrera, Saffirio ha dejado una huella significativa en la política local y nacional. Fue alcalde de Temuco en tres períodos, entre 1992 y 2004, donde impulsó transformaciones que sentaron las bases del Temuco moderno. Posteriormente, entre 2004 y 2009, se desempeñó como vicerrector de la Universidad Mayor en Temuco. Desde 2010 hasta 2022, fue Diputado de la República, participando activamente en diversas comisiones, incluyendo la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y presidió la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su labor en el Congreso incluyó la investigación de violaciones a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, evidenciando su compromiso con la justicia y la equidad en Chile.