Compromiso transversal por la seguridad: Propuesta para una hoja de ruta

Durante la mañana de este día martes, en el Palacio de La Moneda, se dieron cita las Gobernadoras y los Gobernadores Regionales, junto al Presidente de La República, señor Gabriel Boric Font, la titular de Interior, Ministra Carolina Tohá, entre varias otras autoridades.

En la ocasión, se firmó “El Compromiso transversal por la seguridad: Propuesta para una hoja de ruta”, documento que contiene los próximos pasos que se llevaran a cabo para hacer traspaso de competencias a los Municipios y Gobiernos Regionales en materia de Seguridad y Prevención del Delito.  En este ámbito, no es menor señalar que durante 2021 y 2022, los Gobiernos Regionales invirtieron una cifra superior a los 303 mil millones de pesos.

Dentro de las alocuciones, el Presidente de AGORECHI, Gobernador Ricardo Díaz, señalo que “todos aquellos que hemos sido electos lo fuimos porque contamos con la confianza de la ciudadanía para representarlos. Para resolver aquello que hoy complica, que hoy se necesita. Nuestra sociedad necesita sentirse segura, protegida. Todos los Gobernadores y las Gobernadoras nos desplegamos por nuestro territorio y escuchamos la demanda de seguridad. Esto es lo que nos diferencia de los delegados, la confianza está acá y a nosotros nos exigen que resolvamos más rápidamente lo que el centralismo demora en entregar. Por ello es que estamos acá, tenemos la convicción que debemos proteger nuestros territorios y hoy, gracias a este acuerdo, se reconoce ese rol que ya de manera informal ejercíamos por mandato popular”.

Díaz, señalo, además: “Pero proteger a los territorios también implica proteger la democracia. Hay que proteger la democracia, pues cuando hay inseguridad aflora el miedo y el miedo es el peor consejero, pues con él aumentan las malas decisiones. Y la más mala decisión es hacer de la inseguridad una plataforma de campaña política, con recriminaciones de un lado contra otro. Hay que desterrar de la política el cálculo pequeño, ese afán de individualismo que solo busca el protagonismo. Esa falta de coordinación, la falta de diálogo y acuerdos solo alimenta el miedo. Puedo asegurar que no ha bajado ningún delito con recriminaciones entre políticos. Desde los territorios podemos decir que lo que menos espera la ciudadanía es ese diálogo de sordos”.

Otras noticias

Comparte esta nota aquí:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

CRISTÓBAL JULIÁ DE LA VEGA

Padre, profesional y político, su pasión por la región de Coquimbo es profunda y está arraigada en su historia personal. Nacido y criado en Ovalle, en una familia dedicada al trabajo y la producción agrícola del valle del Limarí, aprendió desde joven el valor del esfuerzo, la resiliencia y la conexión con su entorno. La experiencia de enfrentar las incertidumbres climáticas y su impacto en la vida diaria lo llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso, con la convicción de contribuir al conocimiento y enfrentar los desafíos propios de su región.

Con 17 años de servicio en la región de Coquimbo, ha dedicado su vida profesional a identificar y potenciar las oportunidades de su territorio. Su paso por el Centro Científico CEAZA, sumado a su experiencia como emprendedor, le permitió abordar diversas problemáticas con compromiso y creatividad, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el ámbito público, desempeñó funciones claves en la Dirección Regional de Aguas, en la Seremi de Minería de la región de Coquimbo y en INDAP, donde jugó un papel crucial en el respaldo a la agricultura familiar campesina, especialmente en el contexto de la grave crisis hídrica que afecta a la región. Su trayectoria profesional ha consolidado su visión sobre la importancia del diálogo, la colaboración y la transparencia en una gestión pública efectiva.

Convencido de que la descentralización es clave para el desarrollo regional, cree firmemente en la participación activa de la ciudadanía como base para construir un futuro más equitativo y próspero. Su principal motivación sigue siendo servir a las personas por medio de un trabajo conjunto y transversal que permita el desarrollo de la región de Coquimbo.

RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA

Gobernador Regional de La Araucanía, es abogado titulado en la Universidad de Chile. Desde sus inicios académicos, cursó sus estudios básicos y secundarios en el Instituto Mercedario de la ciudad de Victoria, finalizándolos en la Escuela Industrial de Temuco. Su interés por la política se manifestó a temprana edad, convirtiéndose en dirigente de los estudiantes secundarios de Temuco, asumiendo roles de liderazgo como presidente de las Juventudes DC y luego como presidente regional y provincial de dicho partido. Durante la dictadura militar, presidió la Alianza Democrática, donde se destacó por su firme compromiso en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Su formación profesional continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1982 y se tituló como abogado en 1983. Durante la misma década, René Saffirio se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos, desempeñándose como abogado en la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Temuco. Su compromiso con la justicia social lo llevó a ocupar el cargo de Seremi de Justicia en La Araucanía entre 1990 y 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin Azócar.

A lo largo de su carrera, Saffirio ha dejado una huella significativa en la política local y nacional. Fue alcalde de Temuco en tres períodos, entre 1992 y 2004, donde impulsó transformaciones que sentaron las bases del Temuco moderno. Posteriormente, entre 2004 y 2009, se desempeñó como vicerrector de la Universidad Mayor en Temuco. Desde 2010 hasta 2022, fue Diputado de la República, participando activamente en diversas comisiones, incluyendo la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y presidió la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su labor en el Congreso incluyó la investigación de violaciones a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, evidenciando su compromiso con la justicia y la equidad en Chile.