AGORECHI se suma a Consejo Asesor para la elaboración de la Política Nacional contra el Comercio Ilícito

·        Con representantes del mundo público y privado se constituyó el Consejo Asesor de la Política Nacional contra el Comercio Ilícito, dando paso a un trabajo intersectorial para abordar esta problemática que enfrenta en todo el país.

El comercio ilícito es un tema complejo de solucionar y se presenta como un problema a resolver de manera transversal en el país. Ante esta situación, este mes se inició en Chile un trabajo intersectorial.

La instancia es liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cual convocó al Consejo Asesor de la Política Nacional contra el Comercio Ilícito, reuniendo a representantes del mundo público, privado y la academia.

La instancia fue liderada por Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito.

En esta instancia, también participa la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile, AGORECHI, que fue representada por su presidente, Rodrigo Mundaca, y Gobernador de la región de Valparaíso.

“Esto tiene un sentido de urgencia importante, pero como buena política no es una declaración de intereses, sino que tiene que ser algo mucho mayor, que también tiene que ir aparejado de presupuesto y de decisiones operativas, pero también de decisiones que queremos que sean reflejo de la realidad y no de lo que un grupo de personas en una Subsecretaría pueden decidir (…) Esto, como muchas cosas en materia de seguridad, tienen un sentido de urgencia importante, pero lo que no queremos es avanzar en una política idealista que luego no se pueda aplicar”, indicó el representante del Gobierno.

“Un tema que me parece interesante es que, si vamos a formular una política contra el comercio ilícito, me parece que tiene que ser una política que trascienda cualquier periodo presidencial (…). Soy de la tesis que debiéramos formular una política robusta, con músculo, que trascendiera los periodos presidenciales, etc. Y creo que eso amerita una discusión de mayor envergadura”, expresó la autoridad regional.  

La segunda sesión se llevará a cabo el próximo 23 de julio en la región de Valparaíso, donde se darán cita para seguir avanzando en esta iniciativa que tiene por finalidad dar respuesta a problemas que están afectando a los diferentes territorios del país.

Por Comunicaciones AGORECHI

Otras noticias

Comparte esta nota aquí:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

CRISTÓBAL JULIÁ DE LA VEGA

Padre, profesional y político, su pasión por la región de Coquimbo es profunda y está arraigada en su historia personal. Nacido y criado en Ovalle, en una familia dedicada al trabajo y la producción agrícola del valle del Limarí, aprendió desde joven el valor del esfuerzo, la resiliencia y la conexión con su entorno. La experiencia de enfrentar las incertidumbres climáticas y su impacto en la vida diaria lo llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso, con la convicción de contribuir al conocimiento y enfrentar los desafíos propios de su región.

Con 17 años de servicio en la región de Coquimbo, ha dedicado su vida profesional a identificar y potenciar las oportunidades de su territorio. Su paso por el Centro Científico CEAZA, sumado a su experiencia como emprendedor, le permitió abordar diversas problemáticas con compromiso y creatividad, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el ámbito público, desempeñó funciones claves en la Dirección Regional de Aguas, en la Seremi de Minería de la región de Coquimbo y en INDAP, donde jugó un papel crucial en el respaldo a la agricultura familiar campesina, especialmente en el contexto de la grave crisis hídrica que afecta a la región. Su trayectoria profesional ha consolidado su visión sobre la importancia del diálogo, la colaboración y la transparencia en una gestión pública efectiva.

Convencido de que la descentralización es clave para el desarrollo regional, cree firmemente en la participación activa de la ciudadanía como base para construir un futuro más equitativo y próspero. Su principal motivación sigue siendo servir a las personas por medio de un trabajo conjunto y transversal que permita el desarrollo de la región de Coquimbo.

RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA

Gobernador Regional de La Araucanía, es abogado titulado en la Universidad de Chile. Desde sus inicios académicos, cursó sus estudios básicos y secundarios en el Instituto Mercedario de la ciudad de Victoria, finalizándolos en la Escuela Industrial de Temuco. Su interés por la política se manifestó a temprana edad, convirtiéndose en dirigente de los estudiantes secundarios de Temuco, asumiendo roles de liderazgo como presidente de las Juventudes DC y luego como presidente regional y provincial de dicho partido. Durante la dictadura militar, presidió la Alianza Democrática, donde se destacó por su firme compromiso en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Su formación profesional continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1982 y se tituló como abogado en 1983. Durante la misma década, René Saffirio se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos, desempeñándose como abogado en la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Temuco. Su compromiso con la justicia social lo llevó a ocupar el cargo de Seremi de Justicia en La Araucanía entre 1990 y 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin Azócar.

A lo largo de su carrera, Saffirio ha dejado una huella significativa en la política local y nacional. Fue alcalde de Temuco en tres períodos, entre 1992 y 2004, donde impulsó transformaciones que sentaron las bases del Temuco moderno. Posteriormente, entre 2004 y 2009, se desempeñó como vicerrector de la Universidad Mayor en Temuco. Desde 2010 hasta 2022, fue Diputado de la República, participando activamente en diversas comisiones, incluyendo la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y presidió la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su labor en el Congreso incluyó la investigación de violaciones a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, evidenciando su compromiso con la justicia y la equidad en Chile.