Agorechi aborda en La Moneda temas de seguridad y presupuesto

  • A través de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, AGORECHI, las autoridades en ejercicio se dieron cita para expresar su preocupación por el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, donde no tendrán ningún rol significativo, por lo que llamaron a retomar la discusión de proyectos que favorecen a las regiones de manera urgente. Además, denunciaron la retención de recursos por parte de la Dipres, lo que está afectando una serie de iniciativas a nivel nacional.

Este martes, los gobernadores regionales en ejercicio (período 2021-2024), se dieron cita en el Palacio de La Moneda para abordar dos temas con carácter de urgente con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Por una parte, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y, un segundo tema, la retención de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que tiene paralizada una serie de iniciativas en todo el país.

En la reunión estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el Gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca; y los gobernadores regionales: Miguel Vargas (Atacama), Pablo Silva (O’Higgins), Oscar Crisóstomo (Ñuble), Rodrigo Díaz (Bíobío), Luciano Rivas (La Araucanía) y Patricio Vallespín (Los Lagos).

Durante la reunión, las autoridades regionales vigentes, expresaron su preocupación por las decisiones que se están tomando en el ámbito de seguridad pública y presupuestario a nivel central, donde plantearon que nuevamente las regiones están quedando relegadas.

Tras la cita, el gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, expresó: “Los gobernadores aquí presentes le manifestamos nuestra molestia sobre la forma en la cual hoy en día se están tomando decisiones de manera absolutamente arbitraria en materia de presupuesto, en materia de rebaja de presupuesto. Para que la gente nos entienda con mucha claridad: dejarnos sin caja para cumplir con nuestras obligaciones con los proveedores de servicios que tenemos en nuestras respectivas regiones”.

El presidente de Agorechi espera que las decisiones por parte del Gobierno se corrijan, porque repercuten negativamente, por ejemplo, en materia de empleo, donde las fuentes laborales de miles de personas están siendo afectadas.

“Esperamos que todos los gobiernos regionales podamos cumplir a cabalidad con nuestros proveedores, que podamos cumplir a cabalidad con las y los trabajadores que viven en nuestras regiones”, indicó.

Sobre este mismo tema, el gobernador de Bíobío, Rodrigo Díaz, planteó que hay urgencia en materia presupuestaria, ya que no se están pudiendo responder con los compromisos adquiridos por parte de los gobiernos regionales y que fueron, previamente, aprobados por los Consejos Regionales y la Dirección de Presupuesto.

“Hay contratistas a los que no les estamos pagando. No porque no queramos, no porque no tengamos dinero nuestro, sino porque quien nos administra la caja no lo entrega. Nosotros no fuimos los que hicimos un mal cálculo para el presupuesto de la nación. En cualquier empresa u ONG, el que hace un mal cálculo asume su responsabilidad”, planteó el gobernador Díaz.

Esta tarde las autoridades regionales sostendrán una reunión con la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el Ministerio de Hacienda, para abordar esta situación que se arrastra hace meses.

Seguridad Pública

Para las autoridades regionales, el proyecto de ley que crea el nuevo ministerio es una decisión que no fortalece la lucha contra la delincuencia y sigue dejando a las regiones sin las competencias necesarias para fortalecer sus equipos y enfrentar desde los territorios los problemas que le preocupan a la población, como es el caso de la delincuencia y la inseguridad.

Una discusión a la que, según detalló el gobernador Mundaca, no han sido invitados, lo que es preocupante ya que los gobiernos regionales son las instituciones que más recursos destinan en materia de seguridad.

“Una decisión de esa naturaleza lo que hace es fortalecer la centralización y no la descentralización, porque lo que se hace con la creación de un Seremi de Seguridad Pública en el territorio es fortalecer la figura del delegado presidencial y, por ende, debilitar el proceso de descentralización y en esta materia no tenemos acuerdo”.

Es así, como las autoridades regionales enfatizaron en la necesidad de retomar y avanzar con urgencia en proyectos que favorecen las regiones, como es el caso de la creación de una “División de Prevención del Delito” al alero de los Gobiernos Regionales y el proyecto de “Regiones Más Fuertes”, ambos en proceso de discusión en el Congreso.

oplus_16

Otras noticias

Comparte esta nota aquí:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

CRISTÓBAL JULIÁ DE LA VEGA

Padre, profesional y político, su pasión por la región de Coquimbo es profunda y está arraigada en su historia personal. Nacido y criado en Ovalle, en una familia dedicada al trabajo y la producción agrícola del valle del Limarí, aprendió desde joven el valor del esfuerzo, la resiliencia y la conexión con su entorno. La experiencia de enfrentar las incertidumbres climáticas y su impacto en la vida diaria lo llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso, con la convicción de contribuir al conocimiento y enfrentar los desafíos propios de su región.

Con 17 años de servicio en la región de Coquimbo, ha dedicado su vida profesional a identificar y potenciar las oportunidades de su territorio. Su paso por el Centro Científico CEAZA, sumado a su experiencia como emprendedor, le permitió abordar diversas problemáticas con compromiso y creatividad, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el ámbito público, desempeñó funciones claves en la Dirección Regional de Aguas, en la Seremi de Minería de la región de Coquimbo y en INDAP, donde jugó un papel crucial en el respaldo a la agricultura familiar campesina, especialmente en el contexto de la grave crisis hídrica que afecta a la región. Su trayectoria profesional ha consolidado su visión sobre la importancia del diálogo, la colaboración y la transparencia en una gestión pública efectiva.

Convencido de que la descentralización es clave para el desarrollo regional, cree firmemente en la participación activa de la ciudadanía como base para construir un futuro más equitativo y próspero. Su principal motivación sigue siendo servir a las personas por medio de un trabajo conjunto y transversal que permita el desarrollo de la región de Coquimbo.

RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA

Gobernador Regional de La Araucanía, es abogado titulado en la Universidad de Chile. Desde sus inicios académicos, cursó sus estudios básicos y secundarios en el Instituto Mercedario de la ciudad de Victoria, finalizándolos en la Escuela Industrial de Temuco. Su interés por la política se manifestó a temprana edad, convirtiéndose en dirigente de los estudiantes secundarios de Temuco, asumiendo roles de liderazgo como presidente de las Juventudes DC y luego como presidente regional y provincial de dicho partido. Durante la dictadura militar, presidió la Alianza Democrática, donde se destacó por su firme compromiso en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Su formación profesional continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1982 y se tituló como abogado en 1983. Durante la misma década, René Saffirio se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos, desempeñándose como abogado en la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Temuco. Su compromiso con la justicia social lo llevó a ocupar el cargo de Seremi de Justicia en La Araucanía entre 1990 y 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin Azócar.

A lo largo de su carrera, Saffirio ha dejado una huella significativa en la política local y nacional. Fue alcalde de Temuco en tres períodos, entre 1992 y 2004, donde impulsó transformaciones que sentaron las bases del Temuco moderno. Posteriormente, entre 2004 y 2009, se desempeñó como vicerrector de la Universidad Mayor en Temuco. Desde 2010 hasta 2022, fue Diputado de la República, participando activamente en diversas comisiones, incluyendo la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y presidió la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su labor en el Congreso incluyó la investigación de violaciones a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, evidenciando su compromiso con la justicia y la equidad en Chile.