Uno de los principales temas de preocupación de la gente que habitan en cada una de las regiones del país, es la seguridad. En efecto, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) arrojó una tasa de la percepción de aumento de la delincuencia que alcanzó a 86,9 puntos porcentuales, superando el 84,3% informado en este informe el año anterior.
En nuestro trabajo diario, constatamos que la delincuencia no es sólo encuestas y números, sino una realidad palpable que afecta gravemente a las personas en un derecho humano fundamental como es la seguridad. Las personas se sienten vulnerables. La seguridad es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que aquí no caben eslóganes ni soluciones fáciles y cortoplacistas. Por el contrario, se requiere trabajar en una estrategia integral, sostenida, con programas que apunten a la prevención situacional, la prevención social y al control y sanción. Lo anterior exige un análisis y respuestas desde lo territorial, reconociendo la importancia de la participación de una multiplicidad de actores sociales e institucionales, entre ellos los Gobiernos Regionales. En este contexto, los Gobernadores y Gobernadoras reunidos en la Asociación que presido, solicitamos a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, convocar a un gran Acuerdo por la Seguridad, para abordar, de manera transversal e intersectorial, la delincuencia. A nuestro juicio, es una prioridad que requiere de una nueva política de Estado.
En la actualidad, el rol que se le asigna institucionalmente a los Gobiernos Regionales es, por una parte, insuficiente, y, por otra, absolutamente incoherente con el aporte que realizan. En efecto, llama profundamente la atención que no haya referencias legales al rol preventivo que debieran tener los Gobiernos Regionales. No están incluidos, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, lo que resulta incomprensible teniendo presente que, en su conjunto, han aprobado, entre los años 2021 y 2022, más de 308 mil millones de pesos en diversos proyectos de seguridad en todo Chile. Cifra muy superior a los 30 mil millones de pesos que entregó en el 2022 el Gobierno Central a través de los distintos programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Estamos convencidos que para consolidar un rol relevante de los Gobiernos Regionales de manera explícita es conveniente considerar dos focos de acción: Primero, modificar las bases jurídicas e institucionales a fin de otorgar facultades a los Gobiernos Regionales “para abordar las problemáticas de seguridad ciudadana en sus territorios, particularmente en lo preventivo”. Y segundo, asegurar una articulación virtuosa entre Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en todos los ámbitos de toma de decisiones relativa a la seguridad en los territorios.
Patricio Vallespín López, Presidente Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales.
Fuente: La Tercera
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