AGORECHI expone sobre presupuesto 2025 de los gobiernos regionales

·        Ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, tanto la Agorechi como los Gores del país relataron los montos asignados para cada región, los principales proyectos a financiar y las problemáticas o limitantes observadas para 2025.

El trabajo de las Subcomisiones de Presupuestos está en pleno desarrollo. Es así como varias de ellas comenzaron a analizar las asignaciones específicas del erario nacional para 2025, como es el caso de la Cuarta Subcomisión, que está abocada al tratamiento de la partida 31, correspondiente a los gobiernos regionales, cuyo monto total asciende a 1,9 billones de pesos.

Cabe mencionar que esta instancia la preside el diputado Boris Barrera (PC). Además, la integran los diputados Miguel Mellado (RN), Jaime Naranjo (PS) y Ricardo Cifuentes (DC). Se suman a ellos la senadora Ximena Órdenes y los senadores José García Ruminot y José Miguel Insulza.

La Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, AGORECHI, inició las exposiciones el pasado lunes 7 de octubre. Su representante, Pedro García, comunicó que la mayoría de los aumentos de personal que se constatan derivan de traspasos de competencias. Además, sostuvo que las dotaciones de los Gores son bajas con respecto a las funciones que poseen y que se van agregando año a año vía Ley de Presupuestos.

Afirmó que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se mantendrá en 2025 sin variación respecto de 2024 y 2023. Por el contrario, observó que en inversión se registra un incremento de 120 mil millones, por el Fondo de Productividad y Desarrollo y por patentes mineras. Adicionalmente, se consagra un 1% para cultura para todos los Gores.

Indicó que en el proyecto se clarifican las transferencias a instituciones de naturaleza privada. Pero criticó que se mantuviera la concursabilidad para entidades que cumplen funciones públicas de naturaleza única, como bomberos.

Un nudo del que se hizo cargo fue el de la baja ejecución presupuestaria de algunas regiones. Recalcó que existe un inicio tardío de la ejecución (marzo 2024) por demora en el visado por parte de la Dirección de Presupuesto (Dipres). También habría diferencias de criterios entre la Dipres y la Contraloría General de la República (CGR) y sus oficinas regionales. Así, frente a las mismas situaciones, hay observaciones diferentes.

En dicho marco, propusieron la creación de una mesa tripartita entre Dipres, Gores y CGR. La idea es acordar criterios comunes de interpretación de las glosas respectivas.

Tras Agorechi, se sucedieron los representantes de los 16 gobiernos regionales del país. En sus intervenciones replicaron varios de los puntos tocados por la Asociación. Igualmente, se entregaron las cifras de los montos solicitados a la Dipres y los que efectivamente se entregaron en el Presupuesto 2025.

Así, por ejemplo, Valparaíso comentó que hubo cerca de $29 mil millones menos a lo requerido. Ello, se indicó, implicará no poder contratar personal para nuevas funciones de control y fiscalización. En una línea similar, Biobío acusó $40 mil millones menos de lo que se pidió.

Además, desde dicha región se llamó a crear una glosa particular para el Plan de fortalecimiento industrial por el cierre de Huachipato, al tiempo que se criticó que algunas medidas incorporadas en la ley no agregaron control, sino que sólo más trámites.

La región Metropolitana también refutó las limitaciones fijadas para la contratación vía convenios de productividad. Arica y Parinacota, en tanto, estimó que los Gores están financiando proyectos de inversión que debieran sostenerse desde el nivel central.

En general, todos relataron sus principales inversiones sectoriales y necesidades para 2025. Igualmente, entregaron los niveles de ejecución que variaba de región en región. De ahí que, mientras algunas tenían a agosto de este año alrededor de un 25%, otros ya llegaban al 72,5%, punto que llamó la atención de las y los legisladores presentes en la Sala.

Según lo acordado en la sesión, la partida se votará en la sesión fijada para mañana.

Fuente: Cámara de Diputados 

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CRISTÓBAL JULIÁ DE LA VEGA

Padre, profesional y político, su pasión por la región de Coquimbo es profunda y está arraigada en su historia personal. Nacido y criado en Ovalle, en una familia dedicada al trabajo y la producción agrícola del valle del Limarí, aprendió desde joven el valor del esfuerzo, la resiliencia y la conexión con su entorno. La experiencia de enfrentar las incertidumbres climáticas y su impacto en la vida diaria lo llevó a estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso, con la convicción de contribuir al conocimiento y enfrentar los desafíos propios de su región.

Con 17 años de servicio en la región de Coquimbo, ha dedicado su vida profesional a identificar y potenciar las oportunidades de su territorio. Su paso por el Centro Científico CEAZA, sumado a su experiencia como emprendedor, le permitió abordar diversas problemáticas con compromiso y creatividad, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el ámbito público, desempeñó funciones claves en la Dirección Regional de Aguas, en la Seremi de Minería de la región de Coquimbo y en INDAP, donde jugó un papel crucial en el respaldo a la agricultura familiar campesina, especialmente en el contexto de la grave crisis hídrica que afecta a la región. Su trayectoria profesional ha consolidado su visión sobre la importancia del diálogo, la colaboración y la transparencia en una gestión pública efectiva.

Convencido de que la descentralización es clave para el desarrollo regional, cree firmemente en la participación activa de la ciudadanía como base para construir un futuro más equitativo y próspero. Su principal motivación sigue siendo servir a las personas por medio de un trabajo conjunto y transversal que permita el desarrollo de la región de Coquimbo.

RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA

Gobernador Regional de La Araucanía, es abogado titulado en la Universidad de Chile. Desde sus inicios académicos, cursó sus estudios básicos y secundarios en el Instituto Mercedario de la ciudad de Victoria, finalizándolos en la Escuela Industrial de Temuco. Su interés por la política se manifestó a temprana edad, convirtiéndose en dirigente de los estudiantes secundarios de Temuco, asumiendo roles de liderazgo como presidente de las Juventudes DC y luego como presidente regional y provincial de dicho partido. Durante la dictadura militar, presidió la Alianza Democrática, donde se destacó por su firme compromiso en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile.

Su formación profesional continuó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1982 y se tituló como abogado en 1983. Durante la misma década, René Saffirio se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos, desempeñándose como abogado en la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de Temuco. Su compromiso con la justicia social lo llevó a ocupar el cargo de Seremi de Justicia en La Araucanía entre 1990 y 1991, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin Azócar.

A lo largo de su carrera, Saffirio ha dejado una huella significativa en la política local y nacional. Fue alcalde de Temuco en tres períodos, entre 1992 y 2004, donde impulsó transformaciones que sentaron las bases del Temuco moderno. Posteriormente, entre 2004 y 2009, se desempeñó como vicerrector de la Universidad Mayor en Temuco. Desde 2010 hasta 2022, fue Diputado de la República, participando activamente en diversas comisiones, incluyendo la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y presidió la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su labor en el Congreso incluyó la investigación de violaciones a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, evidenciando su compromiso con la justicia y la equidad en Chile.